El gobierno venezolano repudió el martes la «írrita» y «ridícula» orden de captura emanada por la justicia argentina contra el presidente Nicolás Maduro acusado de violar los derechos humanos.
«Venezuela repudia la írrita decisión de una instancia del desprestigiado poder judicial argentino», señaló el ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en un comunicado.
La Cámara Federal de Buenos Aires decidió el lunes el arresto del mandatario venezolano, con alerta roja de Interpol, bajo el principio de «jurisdicción universal», que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los perpetradores o sus víctimas.
La cancillería venezolana apuntó que el fallo «carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios».
La justicia venezolana había emitido previamente una orden de arresto contra el presidente argentino Javier Milei y dos altos funcionarios de su gobierno, imputándole el «robo» de un avión de carga que fue decomisado en Argentina en 2022 y entregado este año a Estados Unidos.
La orden contra Maduro y su equipo surge de dos denuncias de 2023. Ese año, la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ, en inglés) denunció al gobierno de Venezuela por violaciones a los derechos humanos ante la justicia argentina, citando el principio de jurisdicción universal. Meses antes, la oenegé de derechos humanos argentina FADD también había presentado una denuncia penal contra Maduro y su equipo por crímenes de lesa humanidad.
Ambas querellas fueron luego unificadas en una sola causa y, el lunes, la corte argentina determinó la existencia de «un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos– desde el año 2014 hasta el presente».
El gobierno venezolano criticó la «ridícula decisión», que «busca apuntalar la progresiva destrucción del Estado de Derecho Internacional, pretendiendo subrogarse en las competencias de los organismos multilaterales, disminuyendo su papel».
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, destacó en una rueda de prensa el martes que desde 2017 fueron imputados en el país más de 2.500 funcionarios de seguridad por «vulneraciones a los derechos humanos», con 581 condenas.
«No tenemos doble moral», insistió. «Investigamos las violaciones de derechos humanos que ocurren en nuestro país como un asunto de Estado».
«¿Qué ha hecho la justicia argentina con respecto a la violación de derechos humanos? ¡Nada!», señaló el fiscal. No es de su competencia «procesar casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela».
La justicia argentina aplicó la jurisdicción universal cuando en 2010 abrió un caso por crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el gobierno de Francisco Franco.
En 2021 abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana y, en 2022, inició una investigación penal contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Otro antecedente célebre de la aplicación de este principio ocurrió cuando, en 1998, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres tras una orden de arresto del juez español Baltasar Garzón.
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