En una actualización reciente sobre la detención de ocho directivos y exdirectivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por presunto pago de sobreprecios en contratos de salud, el gobierno reaccionó enérgicamente, calificando los arrestos como «absurdos desde cualquier punto de vista legal y moral». Laura Fernández, ministra de la Presidencia, criticó la medida, señalando que el contrato adjudicado aún no está en firme y no se ha realizado ningún pago, lo que cuestiona la necesidad de los operativos de la Fiscalía.
Además, destacó que Marta Esquivel, presidenta de la CCSS y una de las detenidas, fue designada directamente por el presidente Rodrigo Chaves, añadiendo un matiz político al caso. Estas declaraciones contrastan con la información inicial, que se centraba exclusivamente en los detalles legales y las acusaciones de la Fiscalía, sin incluir la perspectiva del gobierno.
AFP/
