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Sala IV aprueba nueva causal de despido para empleados públicos

San José, 9 de agosto, 2021 (Redacción).- Los magistrados de la Sala IV declararon constitucional una nueva causal de despido para funcionarios del Estado, la cual fue introducida por los diputados en el proyecto de reforma al empleo público.

Aquellos funcionarios que reciban dos calificaciones de desempeño con una nota inferior al 70%, de forma consecutiva, serán despedidos sin responsabilidad patronal.

Esta condición será “causal de despido inmediato” y se aplicará para todos los trabajadores públicos, tanto los actuales como los futuros.

Así lo establece el artículo 21 del proyecto de ley, sobre el cual los magistrados no encontraron violaciones al debido proceso.

El artículo añade que, cuando un funcionario obtiene una primera nota inferior a un 70%, las instituciones tendrán la responsabilidad de aplicar un plan remedial pactado con el empleado, con el asesoramiento de recursos humanos para determinar las causas de la baja calificación.

También, las entidades deberán aplicar acciones para mejorar su desempeño.

“Si pese a la aplicación del plan remedial, la persona servidora pública no logra mejorar su desempeño y obtiene de forma consecutiva otra calificación inferior al setenta por ciento (70%), se configurará la causal de despido inmediato”, señala la iniciativa de ley.

Las calificaciones de los funcionarios deberán ser justificadas por la jefatura inmediata que las asigne.

La Sala IV también avaló el artículo 22, el cual establece la fase recursiva. Este numeral permite al funcionario interponer recurso de revocatoria o recurso de apelación en subsidio.

Para interponer el recurso de revocatoria o una apelación en subsidio, los funcionarios tendrán un plazo improrrogable de cinco días hábiles, que empezarán a contar a partir de la notificación de la resolución.

Si vencido el plazo de cinco días indicados no se recurre la resolución, esta quedará en firme y dará por agotada la vía administrativa.

Aunque la causal de dos notas consecutivas inferiores a un 70% es considerada constitucional para todo el sector público, los magistrados resolvieron que, en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Judicial, sería inconstitucional si este proceso lo aplica el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y no la institución respectiva.

Las universidades públicas también deberán emitir su propia normativa para regular este procedimiento.

Redacción

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