Congreso de Nicaragua aprueba reforma
El Congreso de Nicaragua aprobó el viernes, 22 de noviembre, una reforma constitucional que concede al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, designada como «copresidenta», control absoluto sobre los poderes del Estado. Esta medida refuerza el dominio del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido gobernante liderado por Ortega desde hace más de una década.
La Asamblea Nacional, bajo control del FSLN, aprobó por unanimidad la reforma propuesta por Ortega a inicios de la semana. “Este es un paso histórico hacia el fortalecimiento de nuestra soberanía”, dijo el jefe parlamentario Gustavo Porras, al anunciar los resultados en el plenario. Sin embargo, los críticos advierten que la medida solidifica aún más un sistema político que muchos consideran autoritario, dejando a la oposición sin herramientas efectivas para ejercer contrapeso.
Los cambios incluyen la ampliación de las facultades presidenciales y la formalización del rol de Murillo como «copresidenta», algo que según analistas, refuerza la consolidación del poder en una sola familia. Esta reforma es vista por organismos internacionales como un ejemplo más de la erosión democrática en Nicaragua. De acuerdo con Human Rights Watch, el país ha vivido un constante deterioro en los derechos civiles desde 2018, tras la brutal represión de las protestas ciudadanas.
El contexto político ha generado preocupación en la comunidad internacional, especialmente en la región. “El desmantelamiento de las instituciones democráticas es alarmante”, expresó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, en un comunicado reciente. La reforma llega en un momento de creciente aislamiento de Nicaragua, que enfrenta sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea debido a su historial de violaciones a los derechos humanos.
La nueva enmienda subraya una tendencia más amplia en algunos gobiernos latinoamericanos hacia el centralismo y la perpetuación en el poder. Ortega, en el cargo desde 2007, ha justificado las reformas como una forma de consolidar el desarrollo socioeconómico del país bajo un liderazgo “firme y coherente”.
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24.CR
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