SAN JOSÉ, Costa Rica — Una organización defensora de derechos humanos, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ha revelado un informe alarmante que detalla al menos 229 casos de tortura registrados en Nicaragua desde 2018. Las víctimas, en su mayoría hombres, describieron métodos de tortura empleados tras su detención en el marco de las protestas antigubernamentales que surgieron ese año. Según el reporte, estas acciones reflejan un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que busca infundir temor y control en la población.
Entre las prácticas documentadas se encuentran golpizas, asfixia, descargas eléctricas, quemaduras, simulación de ejecución y desprendimiento de uñas o piezas dentales. El informe incluye testimonios de 183 hombres y 46 mujeres que sobrevivieron a estas agresiones. Las formas de tortura se han descrito como brutales y diseñadas para quebrar física y psicológicamente a las víctimas. Además, se subraya que estos métodos no fueron aislados, sino parte de un sistema bien establecido.
El reporte también indica que las detenciones arbitrarias se incrementaron drásticamente a partir de 2018, coincidiendo con el inicio de las protestas contra el gobierno. En tres meses de manifestaciones, se registraron más de 300 muertes, de acuerdo con organismos internacionales. Estas muertes, junto con los testimonios de tortura, han sido calificadas como posibles crímenes de lesa humanidad.
Desde 2018, el gobierno de Nicaragua ha endurecido la represión. En particular, se ha documentado el uso de agentes paraestatales en cerca del 40% de las detenciones arbitrarias. Estas fuerzas han actuado como un tercer brazo del Estado, ejecutando acciones represivas y violatorias de los derechos humanos. Las denuncias señalan que estos agentes operan con impunidad, lo que fortalece el clima de miedo en el país.
Además de las prácticas represivas, el gobierno ha implementado medidas legales que han afectado a cientos de ciudadanos. Desde febrero de 2023, unas 450 personas, incluidos políticos, periodistas, activistas y religiosos, han sido despojadas de su nacionalidad nicaragüense. Este acto ha sido facilitado por una reforma constitucional que permite quitar la ciudadanía a quienes sean acusados de «traición a la patria». La mayoría de estas personas se encuentran en el exilio o han sido expulsadas del país.
El impacto de estas acciones no se limita al daño físico. Según la organización, el destierro y la apatridia generan lo que se ha descrito como una «muerte civil», al privar a las personas de derechos fundamentales y dejarles en una situación de vulnerabilidad extrema. Este tipo de medidas ha intensificado la crisis humanitaria en Nicaragua y ha atraído la atención de la comunidad internacional.
Organismos internacionales y expertos en derechos humanos han señalado que las acciones documentadas forman parte de un patrón sistemático de represión estatal. Los llamados a la rendición de cuentas y el cese de las violaciones han crecido en los últimos años, pero la situación en el país sigue siendo grave. Las víctimas y sus familiares continúan buscando justicia, mientras la comunidad internacional evalúa medidas para garantizar la protección de los derechos humanos en Nicaragua
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