La Fiscalía revocó la solicitud de sobreseimiento y llevará a juicio al acusado, separado del MEP mientras avanza el proceso
El director de un colegio técnico nocturno en Dulce Nombre de Cartago, identificado con el apellido Evans, enfrentará un juicio tras ser acusado de violar a una profesora de la institución en horario laboral. Los hechos, que presuntamente ocurrieron el 9 de junio del 2023, fueron denunciados por la víctima, dando pie a una investigación por parte de la Fiscalía Adjunta de Género de Cartago.
Aunque inicialmente el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Cartago un sobreseimiento definitivo alegando falta de pruebas, la apelación presentada por la representación legal de la víctima logró que el caso avance a juicio oral y público. “Ella sufrió un proceso tortuoso y psicológico severo, que incluso le llevó a ser jubilada por el MEP por las secuelas de este vejamen sexual”, expresó Gregorio Briglia, abogado de la joven.
Relato de los hechos
La denunciante relató que acudió a la oficina de Evans para discutir temas laborales, pero el director, según su testimonio, cerró la puerta y la agredió sexualmente. La agresión habría incluido besos forzados, tocamientos, y posteriormente, una violación, según consta en el expediente 23-002655-0058-PE. La mujer aseguró que durante el ataque fue obligada a realizarle sexo oral y que posteriormente fue empujada contra una mesa para consumar la penetración.
Debido a este hecho, Evans fue detenido casi un mes después, el 5 de julio de 2023, pero se le concedió la libertad con medidas cautelares. Mientras se resuelve el proceso, el Ministerio de Educación Pública (MEP) lo separó de sus funciones y lo trasladó a un puesto de supervisión.
Secuelas psicológicas y económicas
La joven denunciante enfrentó múltiples obstáculos, desde la tramitación tardía de su denuncia (casi 16 días después de presentada) hasta un trato revictimizante por parte de instituciones estatales como el INS, la CCSS y la Dirección Regional del MEP. Su estado de salud se deterioró al punto de requerir atención psiquiátrica intensiva, llegando a ingerir 22 pastillas diarias, enfrentar intentos de suicidio y ser declarada inválida por la CCSS debido a un trastorno de estrés postraumático.
Además, un peritaje actuarial calculó los daños morales sufridos en ₡83 millones de colones. La víctima debió cambiar de lugar de residencia en tres ocasiones para evitar ser estigmatizada por compañeros y colegas.
Posiciones encontradas
Mientras la defensa de Evans argumenta que no existen pruebas suficientes y que el testimonio de la víctima debería ser puesto en duda, el juzgado determinó que el caso amerita avanzar a juicio. Raymundo Pérez, defensor del acusado, señaló que “la fundamentación es deficiente y no se valoró adecuadamente toda la prueba técnica, como lo advirtió el Ministerio Público en su solicitud de sobreseimiento”.
Sin embargo, la denunciante insiste en que la apelación fue su única forma de buscar justicia y evitar la impunidad. “El proceso ha sido sumamente revictimizante y doloroso, pero agradezco que al menos se reconociera mi derecho a un juicio”, concluyó.
